Comprobación de capacidad financiera

Antes de firmar una subvención, la Comisión comprueba si la organización puede asumir su parte del proyecto. El control se aplica a los coordinadores que solicitan una contribución sustancial de la UE, el umbral habitual es €500,000 o más, y puede extenderse a otros beneficiarios cuando haya motivos de preocupación.

Es aritmética aplicada a las últimas cuentas anuales aprobadas de la entidad: liquidez, autonomía financiera, solvencia y rentabilidad, combinadas en una puntuación. Los organismos públicos, las organizaciones internacionales y los centros de enseñanza secundaria o superior están exentos, con el argumento de que un Estado no quiebra como una empresa.

Un resultado débil no pone fin al expediente automáticamente. Las respuestas habituales son graduadas: prefinanciación reducida, garantía bancaria, obligación de que la entidad no actúe como coordinador o, en el peor caso, exclusión de la subvención. Una empresa joven con un balance sólido y sin historial de actividad es un caso rutinario, no un caso perdido.

El problema más habitual no es la debilidad, sino la ausencia. Una entidad recién constituida no tiene cuentas anuales aprobadas que evaluar, así que debe aportar lo que tenga: una declaración, un balance de apertura, pruebas de capital o de inversión comprometida. Reunir esa documentación durante el plazo de firma, con presión de tiempo, es la parte evitable.

La lección práctica para una organización pequeña es evitar coordinar su primer proyecto grande. Ser socio hace que el control se aplique con mucha menos frecuencia, la exposición es menor y el balance del coordinador soporta la carga que el suyo aún no puede soportar.