Beneficiario

Un beneficiario firma el convenio de subvención y es parte en él. Eso le da dos cosas que no tiene nadie más en el proyecto: el derecho a imputar sus costes al presupuesto y recibir fondos de la UE por esos costes, y la obligación de ejecutar el trabajo, informar sobre él y conservar las pruebas. Cualquier otro actor que intervenga en el proyecto, subcontratistas, socios asociados, terceros que reciben apoyo, es otra cosa, con derechos más limitados y normas distintas.

El término importa más de lo que parece, porque las condiciones de elegibilidad están redactadas con él. Cuando una convocatoria exige tres entidades jurídicas independientes de tres Estados miembros o países asociados distintos, significa tres BENEFICIARIOS. Un consorcio con dos beneficiarios y cuatro socios asociados entusiastas no supera el control de admisibilidad sin que se llegue a evaluar el fondo, y no cabe recurso, es aritmética, no una valoración.

Cada beneficiario responde de sus propios costes y de su parte del trabajo. En Horizon Europe no hay responsabilidad solidaria por las deudas del consorcio: si un socio se excede en el gasto o resulta no elegible en una auditoría, la recuperación recae en ese socio. Lo que sí asume el coordinador es el flujo de caja: los fondos llegan de forma centralizada y se distribuyen después. Por eso la situación financiera del propio coordinador es un riesgo real para el resto del consorcio.

Hay dos variantes que generan confusión. Una ENTIDAD AFILIADA tiene un vínculo jurídico con un beneficiario (una matriz, una filial o un vínculo estructural permanente) y puede imputar costes sin firmar el acuerdo; debe declararse en la propuesta, no añadirse después. Un beneficiario QUE NO RECIBE FINANCIACIÓN DE LA UE firma el acuerdo, asume las obligaciones y declara sus costes, pero la financiación procede de otra parte, normalmente de su propio gobierno. Así participan los socios de países no incluidos en los acuerdos de asociación.

Las obligaciones siguen vigentes tras el proyecto. La documentación que justifica los costes declarados debe conservarse durante cinco años desde el pago del saldo, tres años cuando la subvención no supera €60,000, y una auditoría en el cuarto año es completamente normal. Ser beneficiario es un compromiso de cinco años con la contabilidad, no de tres años con la investigación.